Los panfletos fueron una terrible arma para destruir honras antes de los tiempos de los escraches digitales. De vez en cuando, alguien inundaba la ciudad con papelitos injuriosos, referidos a políticos, empresarios o personas particulares.

En mayo y junio de 2002 proliferaron. Era un tiempo crítico, lleno de dificultades económicas. Al año siguiente asumiría un nuevo gobierno. Circulaban panfletos agresivos, algunos ilustrados, que habían sido arrojados en las calles céntricas o pegados en las paredes o incluso en postes. Pero ese año fue tan grave la campaña de injurias -hasta el mismo gobernador, Julio Miranda, había sido “panfleteado”- que, a comienzos de junio, fue relevado el jefe del Departamento Investigaciones D2 de la Policía, Miguel Ángel Chuchuy Linares, y reemplazado por Pedro René Ledesma. Tenía la tarea específica de hallar a los responsables de los libelos, junto a los fiscales de la Justicia, pues se sospechaba que había organizaciones políticas involucradas y además se consideraba que había “guerras” gremiales. Un dirigente sindical había sido condenado a comienzos de 2002 por panfletos que en 2000 habían calumniado a un ex funcionario de la Caja Popular. En la nota de LA GACETA “Escrachar a alguien cuesta poca plata en Tucumán” (05/06/2002) se estimó que muchos de esos papeles injuriosos habían sido confeccionados en provincias vecinas y que para escrachar a alguien hacían falta 10.000 panfletos.

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Con los meses el tema dejó de tener impacto mediático. Al año siguiente cambió el gobierno y la “guerra de la mafia de los panfletos” quedó en el olvido.